En el marco de una investigación por evasión fiscal agravada que se inició en 2023, el pasado 5 de junio se logró detener a cinco personas.
El operativo tuvo lugar en Casilda y Sandford y en los diez allanamientos también se secuestró material de interés para la causa, como ser vehículos, dinero en efectivos, documentación, celulares, tablets y computadoras.
A partir de todo ello, el juez federal de Rosario Marcelo Bailaque dispuso el procesamiento de cinco personas. Mientras que dos de ellas quedarán en prisión preventiva. Además, se les trabó un embargo sobre los bienes de los imputados por 7 millones de pesos.
La acusación que pesa sobre los involucrados es la de conformar una asociación ilícita fiscal con sede en Casildaque montó una red de 150 usinas de comprobantes apócrifos para la emisión de aproximadamente 40 mil comprobantes electrónicos desde enero del 2018 hasta mayo de este año, período en el que habrían facturado un valor estimado de 10 mil millones de pesos y 2 mil millones de pesos en crédito fiscal por el Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El despliegue, que conmocionó a los vecinos de Casilda y Sanford, fue llevado adelante por la División Unidad Operativa Santa Fe (DUOF) de la Policía Federal, luego de que AFIP Seccional Rosario denunciara maniobras de facturación, evadiendo tributos con alta probabilidad de lavado de activos.
Lo que llamó la atención de AFIP es que varios emisores de facturas compartían la misma dirección IP. Es decir, se creaban empresas fantasmas que generaban comprobantes apócrifos porque eran ventas fantasmas para que terceros usen esas facturas para justificar gastos y deducir impuestos.