En un fallo que cierra un capítulo clave en la vía penal, el juez de segunda instancia Juan Pablo Lavini Rosset ratificó la condena a dos años de prisión de ejecución condicional para el responsable de estafar a familias firmatenses bajo la fachada de la empresa «Grupo Álamo».
El acusado, Lucas Fabricio G., había sido condenado inicialmente por el Dr. Aldo Emilio Baravalle tras demostrarse su responsabilidad en maniobras de estafa vinculadas a la construcción de viviendas que nunca se entregaron.
En diálogo con Región360, el Dr. Gustavo Ponce Asahad, abogado querellante en representación de Jerónimo y Candela —una de las parejas damnificadas—, expresó su ambivalencia ante el fallo. “La justicia confirmó el carácter penal del hecho, en primera y segunda instancia”, dijo Ponce Asahad. Sin embargo, la pena dista mucho de los 6 años de prisión que solicitaba la querella, lo que sorprendió a las víctimas.
Una empresa «simulada» y sueños truncados
Uno de los puntos centrales del fallo de cámara fue desestimar el argumento de la defensa, que intentaba encuadrar el caso como un simple «incumplimiento de contrato civil». La justicia determinó que existió una puesta en escena con finalidad engañosa.
- Publicidad engañosa: Se utilizaba el «pomposo» nombre de Grupo Álamo para captar clientes.
- Irregularidad fiscal: Se acreditó en el juicio que la firma ni siquiera estaba inscrita en el ARCA (ex AFIP).
- Construcciones fantasma: El profesional explicó que el modus operandi consistía en iniciar la ejecución de plateas (bases de hormigón) para simular avance, pero las obras nunca pasaban de esa etapa. Hoy, esas bases están deterioradas y son inutilizables.
Para las víctimas, el daño no fue solo económico —perdiendo ahorros de toda la vida e incluso vehículos— sino emocional: «Es la frustración del sueño de chicos jóvenes que querían un proyecto de vida y terminaron alquilando porque alguien les comió los ahorros», enfatizó el abogado.
El desafío de la reparación económica
A pesar de la condena penal y la existencia de fallos civiles previos (como el obtenido por la Dra. Martina Marano), la recuperación del dinero parece una meta difícil. Según Ponce Asahad, el condenado se habría insolventado, desprendiéndose de sus bienes para evitar embargos.
«Es llamativo que existan recursos económicos para apelar en varias instancias superiores, donde los honorarios son elevados, pero no para resarcir a las víctimas», cuestionó el letrado. En este sentido, adelantó que solicitará una investigación exhaustiva sobre la «ruta del dinero» y los movimientos patrimoniales del condenado para lograr una reparación real.
Reconocimiento a la Fiscalía
Finalmente, el abogado querellante destacó la labor «minuciosa y responsable» del Ministerio Público de la Acusación, resaltando el trabajo de la Dra. Susana Pepino en el inicio de la causa y de la Dra. Vanina Servidio Pozzi en las etapas posteriores, cuyo esfuerzo permitió ventilar los hechos de estafa que afectarían a numerosas personas no solo en Firmat, sino en toda la provincia.