Tras el allanamiento y la aprehensión de un joven de 19 años vinculados a mensajes intimidatorios en un grupo de WhatsApp escolar, la Escuela N° 421 de Firmat emitió un comunicado que compartió a los padres.
Según lo expresado por padres de alumnos que esta mañana asistieron a una reunión, la institución solicitó formalmente que los estudiantes ingresen al establecimiento únicamente con los elementos esenciales de estudio: carpeta y cartuchera.
Por razones organizativas y con el fin de llevar tranquilidad a la comunidad educativa, las autoridades pidieron restringir el ingreso con mochilas. La medida respondería a la imposibilidad legal de realizar requisas o cacheos a menores de edad sin una orden judicial, buscando un método efectivo para asegurar que no ingresen elementos peligrosos al edificio.
Si bien en el allanamiento de ayer no se encontraron armas, se secuestraron teléfonos celulares que serán peritados para determinar el origen de los videos y fotos que se presentaron como intimidación. Los dispositivos pertenecen al joven de 19 años y a su hermano de 15, que cursaría en la institución y que quedó a disposición de la Justicia de Menores.
Impacto en la asistencia y mensaje ministerial
Durante la jornada de este lunes, de acuerdo a lo que contaron los padres que se contactaron con este medio, se registró una asistencia un tanto reducida en algunos cursos, ya que varios padres decidieron no enviar a sus hijos a clases debido a la preocupación por los hechos de público conocimiento.
Ante esta situación, el Ministerio de Educación de Santa Fe compartió un documento donde recalca que las escuelas son lugares de cuidado y que se trabaja de manera mancomunada con el Ministerio de Seguridad. Asimismo, instaron a consolidar la alianza entre las familias y la escuela para abordar la problemática a través del diálogo y la reflexión pedagógica.
Advertencia por delitos y responsabilidades
Desde la provincia recordaron que las amenazas, mensajes de balaceras o «retos» en redes sociales no son bromas, sino delitos graves. El Ministerio fue enfático en tres puntos clave:
Responsabilidad Penal: La difusión de mensajes intimidatorios configura el delito de Intimidación Pública (Art. 211 del Código Penal), el cual activa investigaciones tecnológicas (rastreo de IP) y allanamientos inmediatos.
Intervención de Menores: El nuevo Código Procesal Penal Juvenil habilita medidas incluso sobre adolescentes que no hayan alcanzado la edad mínima de responsabilidad penal si se advierte circulación de armas de fuego.
Costos Económicos: El Estado demandará judicialmente a los padres o tutores por los gastos operativos que generen los protocolos de seguridad (movilización de fuerzas policiales, brigadas y servicios médicos). Según el Código Civil y Comercial, los adultos son solidariamente responsables por los daños causados por sus hijos.
Finalmente, las autoridades educativas pidieron a los equipos directivos encuadrar estas situaciones como faltas gravísimas en los Acuerdos de Convivencia y trabajar la concientización en las aulas para evitar el «efecto contagio» de las redes sociales.
Allanamiento por amenazas en un grupo de WhatsApp escolar tras la difusión de imágenes con armas