La Policía de Investigaciones (PDI), dependiente del Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, llevó adelante este viernes importantes allanamientos en el barrio Nueva Roma “D” de la ciudad de Casilda, un sitio que últimamente es mencionado en las crónicas policiales y en donde los vecinos de bien sufren las consecuencias de quienes llevan adelante actividades ilícitas.
El procedimiento culminó con la aprehensión de dos personas mayores de edad y el secuestro de un arma de fuego y teléfonos celulares, en el marco de una causa que investiga la tenencia ilegal de armas y la infracción a la Ley de Drogas ($23.737$).
La investigación, coordinada por la Fiscalía de Casilda a cargo del fiscal Dr. Emiliano Ehret, se inició a raíz de una denuncia radicada el pasado 24 de febrero, donde una persona manifestó haber sido amenazada con un arma de fuego.
A partir de ese momento, el personal de la PDI realizó tareas de inteligencia y vigilancia encubierta. Estas acciones no solo permitieron identificar a los presuntos involucrados en las amenazas, sino que también encendieron las alarmas al detectarse maniobras compatibles con la comercialización de estupefacientes al menudeo.
Los procedimientos
Con los elementos probatorios sobre la mesa, la Justicia dictó las órdenes de el rastro de los sospechosos. Las irrupciones se concretaron en viviendas ubicadas en calle Montevideo al 4300 y Formosa al 3400.
Como resultado de las requisas, los agentes lograron incautar un revólver calibre .32 y tres teléfonos celulares.
Asimismo, se procedió a la aprehensión de Sandra B. (48) y Marcos Ezequiel B. (26), quienes fueron trasladados a la sede policial para cumplimentar los trámites de rigor y quedaron a disposición de la Justicia. Por orden de la Fiscalía, el arma de fuego será remitida a la PDI Científico Forense para la realización de las pericias balísticas correspondientes.
Trabajo conjunto
Los operativos fueron ejecutados por la Brigada Operativa del Distrito Casilda de la PDI, y contaron con el apoyo y la colaboración del personal de la Unidad Regional IV de Casilda, la Sección Motorizada y el Grupo de Irrupción (GOT). La investigación continúa abierta bajo las directivas del Ministerio Público de la Acusación (MPA).