La Justicia Federal coordina una serie de medidas en el marco de una causa que investiga una presunta estafa al PAMI por un valor estimado en 580 millones de pesos. Como parte del procedimiento, este miércoles se ejecutaron cinco allanamientos en las localidades de Acebal y Wheelwright. Los operativos se centraron en propiedades vinculadas al cardiólogo M. G. A., quien aparece como el principal sospechoso en el expediente.
El caso es tramitado por la Oficina de Criminalidad Económica del Ministerio Público Fiscal, bajo la conducción del fiscal general interino Javier Arzubi Calvo.
De acuerdo con las pesquisas, entre 2023 y 2025 el especialista habría asentado la atención de más de 5.000 afiliados y la realización de unos 50.000 estudios médicos. El dato que encendió las alarmas de las autoridades fue que un alto porcentaje de esos pacientes declaraba domicilio en provincias alejadas de los consultorios del profesional.
La hipótesis judicial sostiene que la maniobra consistía en registrar diariamente decenas de consultas y prácticas complementarias ficticias, tales como electrocardiogramas y estudios Holter. Al ser entrevistados, varios de los afiliados que figuraban en las planillas afirmaron que nunca habían asistido a dicho consultorio ni se habían realizado esos exámenes.
Si bien el perjuicio total investigado se proyecta en torno a los 700 millones de pesos, la obra social de los jubilados llegó a liquidar efectivamente unos 580 millones de pesos al médico imputado. Determinar el destino y el detalle de esa brecha económica es uno de los objetivos de los fiscales en esta fase de recolección de pruebas.
El expediente se inició formalmente a partir de una presentación de la UFI-PAMI (Unidad Fiscal dedicada a delitos en el ámbito del INSSJP), que detectó anomalías severas en la facturación de los servicios médicos prestados.