En el marco de la investigación iniciada tras el aterrizaje de una avioneta con 321 kilos de cocaína procedente de Bolivia en la localidad de Villa Eloísa en mayo pasado, la Justicia Federal avanzó con la imputación de varios integrantes de una organización acusada de lavado de activos y comercialización de drogas.
Fuentes oficiales dijeron a Región360 que durante la audiencia celebrada este lunes, los fiscales federales Federico Reynares Solari, Matías Scilabra (PROCUNAR NEA), Juan Argibay Molina (PROCELAC) y Daniela Ghiorzi expusieron la teoría del Ministerio Público Fiscal. Según la acusación, los involucrados llevaron adelante de manera organizada y habitual, desde al menos septiembre de 2025, maniobras destinadas a ingresar fondos de origen ilícito al circuito económico legal mediante la adquisición de bienes de diversa naturaleza.
Dentro de la estructura imputada, los fiscales atribuyeron a un vecino de la localidad de Melincué haber participado activamente en la integración de estos fondos ilícitos —entre ellos la adquisición de un fondo de comercio en Melincué, la compra de vehículos y el alquiler de inmuebles sin la correspondiente capacidad económica justificable—, además de intermediar en varias de estas operaciones.
Asimismo, al vecino de Melincué se le imputó formar parte del comercio de sustancias en la zona en coordinación con otro sujeto que contaba con connivencia policial y que ya había sido formalmente imputado a fines de agosto. De acuerdo con las pruebas obtenidas de los peritajes telefónicos realizados tras los allanamientos del pasado 25 de agosto, los representantes del Ministerio Público Fiscal lo señalaron como una pieza clave dentro del entramado criminal zonal, no solo participando en la venta de estupefacientes sino también interviniendo para favorecer a personas vinculadas a la red.
En la misma causa, los fiscales Reynares Solari, Scilabra, Argibay Molina y Ghiorzi adjudicaron a otro de los investigados actuar como prestanombre de sus hijos, facilitando el ocultamiento de los bienes y de la verdadera titularidad del dinero.
A pedido de los representantes del MPF, el juez federal Aurelio Cuello Murúa ordenó la prisión preventiva de los tres principales investigados —incluido el vecino de Melincué— hasta mayo de 2027, mientras avanza la instrucción del caso.
Asimismo, se recuerda que, conforme a las garantías constitucionales vigentes y al principio de inocencia, todas las personas mencionadas en la causa conservan dicha condición jurídica hasta tanto no exista una sentencia judicial firme que determine lo contrario.