La Fiscalía solicitó nueve años de prisión de cumplimiento efectivo para A. J. B. y A. E. B., acusados de haber asaltado a mano armada a un trabajador mientras realizaba entregas de mercadería en Venado Tuerto. También requirió las accesorias legales, las costas del proceso y la declaración de reincidencia de ambos.
La causa estuvo a cargo de la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca, integrante del equipo de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos, coordinado por el Dr. Iván Gastón Raposo. Su labor al frente de la investigación permitió reunir testimonios, registros de cámaras públicas y privadas, resultados de allanamientos y pericias para sostener la acusación presentada en esta etapa.
En el marco de la audiencia preliminar de hoy, la pretensión fiscal apunta a que ambos acusados sean sometidos a juicio oral y público por el hecho ocurrido el 1 de octubre de 2025, aproximadamente a las 11, en calle Eterovich, entre Cabral y Juan B. Justo.
El asalto a un trabajador
De acuerdo con la acusación, R. C. se encontraba realizando repartos para una empresa de Santa Isabel cuando fue interceptado por dos hombres que se movilizaban en una motocicleta blanca de 110 centímetros cúbicos.
La Fiscalía atribuye a A. E. B. haber conducido la motocicleta y acorralado al trabajador contra el camión, mientras A. J. B., que viajaba como acompañante, habría descendido y apoyado un revólver sobre su pecho para exigirle la entrega de sus pertenencias.
Según el relato de la víctima incorporado a la investigación, el conductor también habría instado a su acompañante a disparar si el repartidor reaccionaba. Los atacantes se llevaron una mochila con aproximadamente un millón de pesos de la recaudación y dos teléfonos celulares, y escaparon en la motocicleta.
Cámaras, allanamientos y un revólver apto para disparar
Uno de los ejes de la investigación dirigida por Barucca fue el análisis de las cámaras de seguridad. Las imágenes permitieron reconstruir movimientos anteriores al asalto, su ejecución y parte del recorrido de fuga. A partir de ese trabajo, el personal investigador realizó comparaciones de vestimenta y otras características para sustentar la identificación de los acusados.
El 3 de octubre de 2025 se realizaron allanamientos en los que se secuestraron prendas, cascos y otros elementos de interés. En el domicilio atribuido a A. E. B. se encontró una motocicleta blanca Guerrero Trip de 110 centímetros cúbicos, dinero en efectivo, municiones y un revólver.
La pericia balística determinó que el arma secuestrada «era apta para producir disparos». Para la Fiscalía, sus características resultan compatibles con la descripción brindada por el repartidor.
Además del robo calificado por el uso de arma de fuego atribuido a ambos, A. E. B. fue acusado por la tenencia no autorizada del revólver, como un hecho independiente.
La respuesta que solicita la Fiscalía
El pedido de pena se fundamenta en la gravedad de la intimidación, el empleo de un arma de fuego y el peligro generado para una persona que estaba trabajando, a plena luz del día.
Al referirse a la pena solicitada, la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca* expresó: “Pedir nueve años de prisión efectiva responde a la gravedad del hecho y al riesgo al que fue expuesto un trabajador. Sostenemos esta pretensión con la evidencia reunida y será en el juicio, con pleno respeto por el derecho de defensa, donde se determine la responsabilidad de los acusados”.
Con la acusación impulsada por la fiscal Barucca, el Ministerio Público de la Acusación busca que la evidencia sea examinada en juicio y que se determine la responsabilidad penal de ambos acusados. *Los nueve años de prisión constituyen la pena solicitada por la Fiscalía, pendiente de decisión judicial.
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