La investigación, dirigida y coordinada por el fiscal Iván Gastón Raposo, responsable de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos, junto a la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca, permitió avanzar progresivamente en la identificación de los presuntos responsables y reconstruir la participación que habría tenido cada uno de ellos.
En el marco de esta causa ya habían sido detenidos cuatro sospechosos mayores de edad y un menor de edad, además de haberse dispuesto medidas judiciales respecto del adolescente involucrado en el episodio.
Ahora, a partir de nuevas diligencias investigativas y del análisis de las declaraciones incorporadas al proceso, la Fiscalía logró identificar al quinto presunto participante, respecto de quien se libró una orden de detención el 13 de noviembre de 2026.
El hecho investigado tuvo lugar en una vivienda ubicada en calle Cobeñas al 1500 de Venado Tuerto, donde, según la reconstrucción fiscal, cinco personas llegaron a bordo de dos motocicletas, una roja y otra blanca, portando distintas armas de fuego, entre ellas una escopeta y revólveres.
Una vez en el lugar, los agresores comenzaron a exigir información sobre el paradero de una persona a la que buscaban, efectuando varias detonaciones dentro del inmueble.
La violencia escaló cuando uno de los atacantes golpeó en la cabeza al morador con la parte trasera de un arma de fuego, provocándole una lesión sangrante, mientras continuaban las amenazas y exigencias.
Tras el ataque, los involucrados escaparon a bordo de las motocicletas.
La investigación permitió reunir testimonios, registros de cámaras de seguridad, actuaciones policiales y otros elementos probatorios que fueron analizados de manera conjunta para avanzar sobre la identificación de los sospechosos.
Uno de los aspectos relevantes fue la declaración prestada por uno de los imputados el 3 de noviembre, quien aportó información sobre las circunstancias del hecho y señaló a otros presuntos participantes, entre ellos este último sospechoso.
A partir de esa declaración, y de nuevas tareas policiales destinadas a establecer los lugares que frecuentaba el sospechoso, el equipo fiscal impulsó medidas de allanamiento sobre cuatro inmuebles de Venado Tuerto, con el objetivo de localizarlo y procurar el secuestro de armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y otros elementos de interés para la investigación.
Los allanamientos permitieron, además, detectar un presunto hecho vinculado con la comercialización de estupefacientes.
En efecto, durante uno de los procedimientos realizados en el marco de esta investigación, concretamente en un inmueble ubicado en calle Marenghini al 73 de Venado Tuerto, el personal policial procedió al secuestro de dos envoltorios de cocaína, conocidos comúnmente como “bochitas”, y la suma de 146.000 pesos en efectivo.
Como consecuencia de este hallazgo, dos mujeres fueron detenidas y se iniciaron actuaciones penales por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.
Este procedimiento constituyó una derivación relevante de las medidas investigativas impulsadas por la Fiscalía, ya que permitió detectar una posible actividad delictiva adicional durante la búsqueda de los presuntos responsables de los ataques armados.
De esta manera, los allanamientos no solo contribuyeron al avance de la investigación por los hechos de violencia, sino que también permitieron intervenir frente a una presunta infracción a la legislación de estupefacientes.
El avance permitió completar la individualización de los cinco presuntos integrantes del grupo que habría participado del ataque.
Raposo: “No podemos permitir que grupos armados pretendan imponer el miedo en los barrios de nuestra ciudad”
Al referirse a la investigación, el fiscal Iván Gastón Raposo destacó la gravedad de los hechos y la necesidad de sostener una respuesta penal frente a episodios de violencia armada.
“Estamos frente a hechos de extrema gravedad, donde personas armadas ingresan a viviendas, efectúan disparos y ponen en riesgo la vida de familias enteras. No podemos permitir que grupos violentos pretendan imponer sus propias reglas mediante las armas, el miedo y la intimidación. Los vecinos tienen derecho a vivir tranquilos y nuestra obligación es investigar estos episodios hasta identificar a todos los responsables”, expresó Raposo.
El fiscal también destacó el trabajo desarrollado junto a la fiscal adjunta subrogante Larisa Barucca, integrante de su equipo, y la importancia de profundizar las investigaciones aun después de las primeras detenciones.
“Nuestra tarea no termina con la detención de los primeros sospechosos. Cada elemento de prueba debe ser analizado y cada línea investigativa agotada. En este caso, continuamos trabajando hasta lograr identificar al quinto presunto participante. La violencia armada no puede naturalizarse ni convertirse en una forma de resolver conflictos en nuestros barrios”, sostuvo.
En relación con el hallazgo de estupefacientes durante los allanamientos, Raposo señaló:
“Estos procedimientos demuestran la importancia de desarrollar investigaciones integrales. Cuando avanzamos sobre hechos de violencia armada, también podemos detectar otras posibles actividades delictivas que requieren la intervención de la Justicia. Nuestro objetivo es actuar sobre cada conducta delictiva que la evidencia permita identificar, porque la seguridad de los vecinos exige una respuesta sostenida y coordinada del Estado”.
La investigación también permitió abordar otros episodios de disparos contra viviendas registrados en distintos sectores de Venado Tuerto, algunos de ellos en contextos que, de acuerdo con las averiguaciones policiales, podrían estar relacionados con disputas entre grupos vinculados a actividades ilícitas.
Finalmente, Raposo remarcó que “desde el Ministerio Público de la Acusación vamos a continuar impulsando investigaciones firmes y coordinadas contra quienes utilizan armas de fuego para intimidar, amenazar o atacar a otras personas. El mensaje debe ser claro: ninguna disputa justifica poner en riesgo la vida de vecinos inocentes y estos hechos tendrán una respuesta de la Justicia”.
El avance de la causa refleja la continuidad del trabajo investigativo desarrollado por el equipo fiscal, orientado a esclarecer integralmente los hechos, determinar las responsabilidades individuales y procurar una respuesta judicial frente a episodios de violencia que afectan la seguridad de la comunidad.