


El Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Venado Tuerto, a través del fiscal Iván Gastón Raposo —coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos—, presentó formalmente la acusación contra un hombre de 30 años por un violento asalto cometido contra un remisero de la ciudad, a quien habría atacado con una botella de vidrio rota, provocándole heridas en el cuello para sustraerle dinero y un teléfono celular.
El hecho ocurrió el 27 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 17:15 horas, cuando el imputado abordó un automóvil Fiat Siena que prestaba servicio de remís en inmediaciones de la terminal de ómnibus de Venado Tuerto.
Según la reconstrucción realizada por la Fiscalía, el pasajero solicitó inicialmente ser trasladado hasta un domicilio de calle Gobernador Caesar al 500, donde descendió momentáneamente del vehículo. En ese lugar, de acuerdo con los testimonios incorporados a la investigación, el sujeto tomó una botella de vidrio, la rompió y se llevó el pico envuelto en una remera. Una de las testigos declaró que, antes de retirarse, el hombre manifestó que iba a matar al conductor.
Posteriormente, volvió a subir al automóvil y solicitó ser trasladado hacia el sector del Cementerio Municipal. Al llegar a las inmediaciones de calles Vieytes y 120, en una zona de escasa circulación, el pasajero habría sorprendido al trabajador desde el asiento trasero, colocándole el elemento cortante contra el cuello.
«Dame la billetera, no hagas nada porque te degüello, te mato», fue la amenaza que, según declaró la víctima, recibió durante el ataque. Acto seguido, el agresor le habría sustraído una billetera con aproximadamente 40.000 pesos y un teléfono celular Samsung, para luego darse a la fuga. Como consecuencia de la agresión, el remisero sufrió una herida cortante en el cuello y una excoriación en el mentón, lesiones que fueron constatadas mediante el correspondiente informe médico legal. La víctima logró pedir auxilio en una vivienda cercana y posteriormente fue trasladada al hospital local para recibir atención médica.
La investigación impulsada por el Ministerio Público de la Acusación permitió reunir distintos elementos probatorios que, según la Fiscalía, vinculan al sospechoso con el violento episodio. Entre ellos se destacan las declaraciones de la víctima y de testigos, las actuaciones policiales, los registros de cámaras de seguridad de la terminal de ómnibus, los informes médicos y las tareas realizadas por personal de la Policía de Investigaciones (PDI).
Particular relevancia adquirió el testimonio de una mujer que aseguró haber visto al hombre descender del remís, romper una botella de vidrio y retirarse con una parte de ella, luego de manifestar su intención de atacar al chofer. Asimismo, el análisis de las cámaras municipales permitió reconstruir parte de los movimientos previos al hecho, mientras que las tareas criminalísticas posibilitaron el levantamiento de rastros y el secuestro de prendas de vestir consideradas de interés para la causa.
El acusado fue detenido durante la madrugada del 28 de noviembre de 2025, y posteriormente la jueza Mariana Belén Vidal dispuso su prisión preventiva.
Concluida la etapa investigativa, el fiscal Raposo presentó el requerimiento acusatorio, atribuyéndole al imputado la autoría del delito de robo calificado por el uso de arma, conforme a los artículos 45 y 166 inciso 2 del Código Penal, que establece una pena de 5 a 15 años de prisión. En función de la gravedad del hecho, la modalidad del ataque y las circunstancias acreditadas durante la pesquisa, la Fiscalía solicitó una pena de ocho años de prisión de cumplimiento efectivo, además de las accesorias legales y las costas del proceso.
Al referirse a la acusación presentada, el fiscal Iván Gastón Raposo expresó: «Estamos frente a un hecho de extrema violencia, en el que un trabajador fue atacado mientras desarrollaba su actividad laboral. El acusado no solamente habría utilizado un elemento cortante para apoderarse de sus pertenencias, sino que dirigió el ataque hacia una zona especialmente vulnerable del cuerpo, como es el cuello, poniendo seriamente en riesgo su integridad física».
El funcionario judicial también destacó la importancia de la labor investigativa desarrollada para reconstruir lo sucedido y reunir los elementos necesarios para sostener la acusación: «La investigación permitió reconstruir los movimientos previos al ataque, incorporar testimonios relevantes y reunir evidencia que consideramos suficiente para llevar este caso a juicio. Por eso hemos solicitado una pena de ocho años de prisión efectiva, que entendemos proporcional a la gravedad de la conducta atribuida».
Finalmente, Raposo remarcó la necesidad de brindar una respuesta institucional frente a los hechos de violencia que afectan a trabajadores en el ejercicio de sus actividades. «Ningún trabajador debería quedar expuesto a una situación de semejante violencia por el solo hecho de prestar un servicio. Desde la Fiscalía tenemos la responsabilidad de investigar estos episodios con firmeza, procurar el esclarecimiento de los hechos y solicitar las sanciones que correspondan conforme a la ley», concluyó.
Con la presentación de la acusación, la causa avanza hacia la etapa intermedia del proceso penal, instancia previa a la eventual apertura del juicio oral, donde se determinará la responsabilidad penal del imputado.
