En una audiencia imputativa realizada este lunes 23 de marzo en los Tribunales de Villa Constitución, el fiscal Ramiro Martínez imputó formalmente a N.C. por el delito de Defraudación por abuso de confianza. El acusado quedó en libertad, pero bajo estrictas restricciones por 90 días, incluyendo la fijación de domicilio y la prohibición de salir del país.
La maniobra
De acuerdo a la acusación, los hechos ocurrieron entre el 25 de febrero y el 20 de marzo de 2026. N.C. tenía a su cargo el cuidado de los animales en el establecimiento “La Cañada” (Santa Teresa), en virtud de un acuerdo verbal de pastaje con B.R. (Bruno Riboldi), titular de la firma Agrotranquera S.R.L.
Aprovechando esta relación de confianza, el imputado habría dispuesto ilegítimamente de 161 bovinos pertenecientes a Riboldi. Para darle una apariencia legal a la estafa, gestionó documentos de tránsito electrónico (DT-e) ante el SENASA, haciendo figurar a los animales como si fueran propiedad de otra sociedad (Agroganadera del Este S.A.S.), sobre la cual el dueño original no tenía control.
Con esta documentación, los animales fueron trasladados desde Santa Teresa hasta un predio rural en Chabás, donde fueron entregados a sus compradores (las firmas Agrolap S.R.L. y Establecimiento P.V.G. S.A.S.).
Un intento de cobertura que disparó la alarma
El fiscal detalló que el 17 de marzo, en un intento por encubrir la falta de los animales ya vendidos, N.C. se presentó en el SENASA para gestionar guías por 190 vacunos a nombre de la firma de Riboldi, sin autorización alguna. Esta maniobra buscaba generar una «apariencia de continuidad» del stock ganadero en el campo, pero fue advertida y anulada por el propio damnificado ese mismo día.
El recupero de la hacienda
A pesar de que los 161 animales fueron localizados y recuperados el pasado 20 de marzo en Chabás —gracias a la verificación de sus marcas y señales identificatorias—, la Fiscalía sostiene que el perjuicio patrimonial se consumó en el momento del traslado ilegal.
La jueza de primera instancia, Dra. Usandizaga, tuvo por formalizada la audiencia y dio lugar al pedido de la fiscalía, estableciendo las medidas cautelares para el imputado mientras avanza el proceso judicial.