Los descuentos de entre el 30% y el 50% en las boletas de gas que hoy alivian a los departamentos del sur de Santa Fe —como Rosario, General López, San Lorenzo, Caseros, Constitución, Iriondo, San Martín y Belgrano— están bajo la lupa. La Cámara de Diputados de la Nación debate un proyecto de ley impulsado por el Gobierno Nacional que busca reestructurar por completo este beneficio con el objetivo de achicar el gasto público. El oficialismo confía en conseguir los votos necesarios para obtener la media sanción de una iniciativa que promete cambiar las reglas de juego para miles de usuarios.
La meta de la Casa Rosada es reducir la cantidad de beneficiarios y volver al espíritu original de la normativa, lo que le permitiría al Estado un ahorro fiscal estimado entre los 200.000 y 400.000 millones de pesos. El argumento oficial sostiene que el sistema actual, que se financia mediante un recargo en las facturas de todos los consumidores de gas del país, se volvió deficitario e insuficiente para cubrir el volumen de los subsidios vigentes.
El Régimen de Zona Fría nació originalmente en 2002, bajo la Ley 25.565, con el fin de subsidiar las tarifas en las regiones con inviernos más crudos, limitándose a la Patagonia, la Puna y el departamento mendocino de Malargüe. Sin embargo, en 2021 el mapa del beneficio se extendió drásticamente a través de la Ley 27.637. Esa modificación incluyó a 90 distritos bonaerenses y a diversas localidades de Córdoba y Santa Fe, extendiendo la vigencia del programa hasta el año 2031.
Si la propuesta oficialista avanza en el Congreso, el criterio para definir qué regiones se consideran frías cambiará drásticamente. Para los vecinos del sur de Santa Fe, la aprobación de estos cambios significaría perder el beneficio actual de forma total o parcial, lo que se traducirá de manera directa en un fuerte e inmediato aumento en las boletas de gas.
