El Gobierno nacional insiste con el proyecto de ley orientado a desregular de manera profunda el mercado inmobiliario en Argentina. La iniciativa, de la cual ya se había hablado hace un tiempo atrás, se suma al paquete de reformas impulsado por la gestión de Javier Milei, busca flexibilizar el funcionamiento del sector, facilitar el ingreso de nuevos actores y fomentar la competencia mediante la eliminación de trabas burocráticas para el ejercicio de la actividad.
La propuesta encendió las alarmas en distintos colegios de corredores inmobiliarios del país. Desde las instituciones profesionales manifestaron su preocupación y advirtieron sobre los riesgos de concretar operaciones sin la mediación de un matriculado, remarcando el peligro que esto supone para la seguridad y el aumento del riesgo de estafas.
Entre los cambios más significativos, la propuesta establece que para desempeñarse como corredor inmobiliario únicamente se requerirá ser mayor de edad y poseer el título secundario completo, debidamente expedido o revalidado en el país. Con esta medida, el Ejecutivo busca eliminar la obligación de contar con matrícula profesional, dejando sin efecto las exigencias impuestas por colegios del sector y normativas provinciales.
Asimismo, el proyecto contempla que los servicios de corretaje puedan ser prestados tanto por personas físicas como jurídicas, abriendo la puerta para que sociedades y empresas operen en el rubro. A su vez, se autoriza expresamente el uso de plataformas digitales y entornos virtuales para desarrollar la actividad, al tiempo que se prohíben requisitos como fijar residencia en una jurisdicción específica, establecer honorarios mínimos o sugeridos y fijar topes máximos para las comisiones.
La reforma impacta de lleno en el rol de los colegios profesionales, que perderían las facultades de control y sanción sobre los operadores inmobiliarios. Bajo este nuevo marco, cualquier controversia o conflicto legal pasaría a tramitarse de forma exclusiva en el ámbito judicial.