Un grupo de asociados a la Cooperativa de Obras y Servicios Públicos y Vivienda de Bigand Ltda. emitió un «comunicado oficial» dirigido a la comunidad para informar sobre la conformación de una agrupación de vecinos que solicita la convocatoria y realización de una asamblea extraordinaria en la institución.
La petición se fundamenta en tres motivos principales expresados por los firmantes. En primer lugar, señalan el vencimiento del plazo legal para la concreción de la asamblea ordinaria. En segundo término, denuncian el ocultamiento del registro de asociados. Por último, advierten sobre una crisis institucional vinculada a un presunto desfalco en la gestión de pólizas de seguros, situación que derivó en una causa penal radicada ante la Fiscalía Regional.
Para concretar el llamado a la asamblea extraordinaria, la normativa vigente exige reunir el aval del diez por ciento del padrón de asociados, conforme a lo establecido en el artículo 30 del estatuto de la entidad. Por este motivo, los integrantes del espacio indicaron que durante los próximos días recorrerán la localidad con el fin de recolectar las firmas requeridas para formalizar la presentación.
El caso
La denuncia, fue presentada en abril de este año por la persona que se encontraba en su rol de presidente de la Cooperativa, tras encontrar presuntas irregularidades que vincularían a un expresidente del Consejo, una exjefa de personal administrativo y un productor de seguros. La auditoría interna detectó un aparente patrón sistemático de maniobras que incluyen:
Pólizas inexistentes: Facturación de seguros que no figuraban en los registros de las compañías.
Sobreprecios: Diferencias entre lo que cobraba la aseguradora y lo que finalmente pagaba la Cooperativa.
Modificación de contratos: Pólizas anuales que eran fragmentadas para alterar los costos.
El intento de restitución
Según trascendió mediáticamente, un punto clave de la investigación es que, una vez detectadas las inconsistencias, el productor de seguros involucrado se habría presentado ante la Cooperativa para ofrecer la restitución de sumas de dinero. Si bien la institución aceptó los fondos para resguardar el patrimonio, aclararon que esto no detiene la acción penal ni justifica las conductas denunciadas.