La Municipalidad de Álvarez oficializó las normativas y el esquema de sanciones vinculadas a la emisión de ruidos molestos por el uso de caños de escape libres o modificados en la vía pública. La medida abarca tanto el control de tránsito en las calles como la fiscalización en los comercios y talleres locales, con el objetivo de resguardar el descanso y la convivencia entre los vecinos.
En lo respectivo al control vehicular, las autoridades municipales confirmaron que, ante la detección en la vía pública de vehículos que circulen con escapes libres o no reglamentarios, se procederá al secuestro preventivo de la unidad. Para los conductores en infracción, las sanciones económicas se fijan en Unidades Fijas (UF), cuyo valor actual es de $1.134,50.
La multa inicial por circular con un escape modificado varía entre las 200 y las 1.000 UF. En caso de reincidencia, el monto económico se triplica y se suma la realización obligatoria de trabajo comunitario de hasta 90 días, a razón de 10 horas semanales, destinado a la municipalidad o a entidades de bien público sin fines de lucro.
Por otro lado, la normativa abarca de forma directa a la cadena de comercialización y servicio. Queda prohibida la venta, colocación o adaptación de caños de escape no homologados o de dispositivos que alteren el nivel de ruido reglamentario en cualquier casa de repuestos o taller mecánico de la localidad. Los locales comerciales que infrinjan la norma recibirán multas que van de las 150 a las 500 UF, mientras que aquellos comerciantes que reincidan en la falta sufrirán la clausura del establecimiento por un plazo de hasta 30 días.
Las medidas adoptadas por el Municipio, bajo la gestión del intendente Joel De Genaro y la viceintendenta Vanesa Capriott, buscan resguardar la tranquilidad de la comunidad ante las consecuencias directas que genera la contaminación acústica. Los ruidos elevados producidos por los escapes libres o modificados no solo alteran el descanso cotidiano y la convivencia en los barrios, sino que impactan de manera severa en la salud y calidad de vida de personas con condición del espectro autista y pacientes con hipersensibilidad auditiva. En ese sentido, la regulación apunta a reducir el impacto sonoro en la vía pública y promover un entorno más respetuoso y saludable para todos los vecinos.