El fiscal Iván Raposo presentó los requerimientos de elevación a juicio contra Y.C. y F.G. La Fiscalía solicitará prisión perpetua para Y.C. y 18 años de prisión efectiva para F.G.
El fiscal Iván Raposo, coordinador de la persecución penal de los delitos contra la propiedad del MPA de Venado Tuerto, presentó formalmente los requerimientos acusatorios mediante los cuales solicitó la elevación a juicio de la causa por el homicidio de Héctor Osvaldo Ustares, ocurrido durante la madrugada del 26 de febrero de 2024, en una vivienda ubicada en calle San Lorenzo al 1100 de Venado Tuerto.
De acuerdo con la acusación fiscal, Y.C. habría efectuado, a corta distancia, un disparo con una escopeta calibre 12 contra la cabeza de Ustares, provocándole lesiones que ocasionaron su muerte. La mujer mantenía una relación de pareja y convivencia con la víctima.
Por este hecho, Y.C. será llevada a juicio como presunta autora del delito de homicidio agravado por el vínculo y cometido mediante el empleo de un arma de fuego. La Fiscalía solicitará que sea condenada a la pena de prisión perpetua, con las accesorias legales y costas del proceso.
Por su parte, F.G. está acusado de haber realizado un aporte indispensable para la ejecución del homicidio. Según la reconstrucción fiscal, F.G. habría atacado a Ustares con un arma blanca, provocándole heridas cortopunzantes en el antebrazo izquierdo y obligándolo a adoptar una posición defensiva. Esta acción habría reducido sus posibilidades de reacción y facilitado que Y.C. efectuara el disparo mortal.
La Fiscalía sostiene que la intervención de F.G. no fue secundaria ni meramente accesoria, sino que constituyó una cooperación esencial para consumar el ataque. Por ello, fue acusado como cómplice necesario del homicidio agravado por el uso de arma de fuego.
Además, F.G. enfrenta otra acusación por un hecho independiente, calificado como encubrimiento agravado por ánimo de lucro. En función de ambos delitos y de las reglas del concurso real, el fiscal Raposo solicitará para el acusado una pena de 18 años de prisión efectiva, con accesorias legales y costas.
La investigación reunió testimonios, informes médicos y criminalísticos, pericias sobre las armas y prendas secuestradas, registros audiovisuales y otros elementos que, valorados de manera conjunta, permitieron a la Fiscalía reconstruir la mecánica del ataque y formular las acusaciones.
Presentados los requerimientos, la causa deberá atravesar la audiencia preliminar, instancia en la que se debatirá la admisibilidad de la acusación y de las pruebas ofrecidas, antes de disponerse la apertura formal del juicio oral.