Los docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) llevarán adelante un paro general de actividades durante una semana completa, por lo que no habrá dictado de clases entre el próximo lunes 28 de septiembre y el viernes 2 de octubre. La medida de fuerza fue resuelta por la Asociación de Docentes e Investigadores de la UNR (Coad) en articulación con el gremio de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y otras organizaciones de base del país.
La huelga de siete días se distanció de lo dispuesto por el plenario de Conadu a nivel nacional —que convocó a un cese de actividades de entre 48 y 72 horas—, luego de que las bases en Rosario expresaran una postura contundente a favor de intensificar el plan de lucha.
Desde la conducción de Coad remarcaron que el mandato surgió de una votación interna en la que participaron casi 2.300 docentes. Consideraron «insuficiente» la propuesta nacional y remarcaron: «El momento de ir a fondo con el plan de lucha es ahora: nuestros salarios no pueden esperar. Nuestras condiciones de vida y de trabajo se precarizan día a día, mientras el Gobierno sigue violando la Ley de Financiamiento Universitario y destruyendo la universidad pública».
Brecha salarial y parálisis no docente
El eje central del reclamo radica en la recomposición de los haberes del sector. Desde el gremio denunciaron que el reciente incremento salarial dispuesto por el Poder Ejecutivo nacional fue de solo un 3%, una cifra que calificaron como insignificante frente al 34% de atraso que exigen recuperar para equiparar la pérdida de poder adquisitivo frente a la inflación acumulada.
A esta medida de fuerza de los profesores se suma la inactividad del personal no docente, esquema que terminará por paralizar de forma completa la dinámica académica y administrativa de las unidades académicas y escuelas medias de la UNR.
Intimación judicial al Gobierno por la Ley de Financiamiento
La escalada de la protesta universitaria se produce en paralelo a novedades en el plano de la Justicia. El juez federal Martín Cormick intimó al Estado Nacional a dar cumplimiento total a la medida cautelar referida a la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795). El magistrado fijó un plazo de cinco días para acatar la resolución, bajo apercibimiento de aplicar sanciones económicas diarias en caso de persistir el incumplimiento.