Tras la acusación por crueldad animal, se acordaron doce meses de supervisión, capacitación obligatoria y reglas concretas para prevenir nuevos hechos. El resultado destacó el trabajo articulado entre el equipo del fiscal coordinador Iván Raposo y la Unidad de Salidas Alternativas, a cargo del Dr. Facundo Peña.
La investigación por los padecimientos sufridos por el perro “Pluto” alcanzó este miércoles 14 de octubre una respuesta judicial concreta en Venado Tuerto: la suspensión del procedimiento a prueba por doce meses para la acusada, con obligaciones de cumplimiento obligatorio y posibilidad de revocación ante su incumplimiento.
El resultado se produjo después de que el Ministerio Público de la Acusación formulara una acusación por actos de crueldad animal mediante la omisión consciente de los cuidados debidos. La investigación fue impulsada por el Dr. Iván Gastón Raposo, fiscal coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos, cuyo equipo integra la Dra. Larisa Barucca, fiscal subrogante, quien representó al MPA en la audiencia.
En el abordaje del conflicto se destacó el rol del Dr. Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas, en el trabajo articulado con el equipo fiscal para arribar a una solución que incorpora formación, tareas comunitarias, reparación y medidas destinadas a proteger a los animales.
La decisión fue adoptada por la jueza Andrea Melisa Cavallero, quien dispuso las condiciones que la procesada deberá cumplir durante los próximos doce meses. La suspensión del procedimiento a prueba no constituye una sentencia condenatoria: mantiene el proceso sujeto al cumplimiento de las obligaciones impuestas.
Una investigación que llegó a la acusación
Según la acusación fiscal, Pluto fue rescatado el 17 de julio de 2026 en calle Azcuénaga al 1500, con desnutrición severa, parasitosis y múltiples lesiones cutáneas que requerían atención veterinaria inmediata.
La Fiscalía sostuvo que su propietaria conocía la afección del animal y habría omitido de manera sostenida asegurarle alimentación adecuada, tratamiento veterinario y condiciones seguras de permanencia. La investigación reunió informes del Instituto Municipal de Salud y Convivencia Animal —IMUSCA—, evaluaciones veterinarias, testimonios de vecinos, imágenes y comunicaciones. Los cuidados recibidos después del rescate permitieron constatar una mejoría clínica evidente en quince días.
Sobre esa base, el MPA presentó la acusación y solicitó inicialmente un año de prisión efectiva. Posteriormente, el abordaje conjunto permitió arribar a una salida alternativa con obligaciones vinculadas directamente con el conflicto investigado.
Las condiciones impuestas
Durante los doce meses de suspensión, la imputada deberá:
Cumplir 120 horas de trabajo comunitario no remunerado en favor de la Municipalidad de Venado Tuerto, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano, con certificación de las tareas y horas realizadas.
Realizar y aprobar un curso de Concientización en Bienestar Animal y Tenencia Responsable, dictado por profesionales veterinarias designadas por el IMUSCA. Deberá asistir a todas las clases, aprobar una evaluación final y presentar el certificado correspondiente.
Abstenerse de adquirir, adoptar, poseer, recibir, alojar o cuidar animales domésticos o de compañía, tanto personalmente como por intermedio de terceros.
Someterse al proceso, mantener buena conducta y cumplir las pautas de la Agencia de Medidas No Privativas de Libertad.
Abstenerse de consumir sustancias tóxicas y estupefacientes, así como bebidas alcohólicas en exceso.
Además, se aceptó como reparación del daño una donación de $10.000 a la entidad “Amigos Peludos”, que deberá acreditarse ante la Oficina de Gestión Judicial dentro de los treinta días posteriores a la audiencia.
La resolución advierte expresamente que el incumplimiento de las condiciones puede dar lugar a la revocación del beneficio.
El caso refleja el trabajo coordinado entre la investigación penal, la intervención de la fiscal subrogante Larisa Barucca y el aporte de la Unidad de Salidas Alternativas conducida por Facundo Peña, para transformar una acusación en una respuesta judicial con obligaciones verificables.
Como cierre, el fiscal coordinador Iván Raposo expresó: «Nuestro compromiso es que cada investigación llegue a una respuesta concreta. En este caso, el trabajo del equipo junto a la Unidad de Salidas Alternativas permitió establecer obligaciones que buscan prevenir nuevos hechos, promover el cuidado responsable de los animales y aportar a la comunidad».