La Cámara de Diputados de la Nación aprobó una reforma del Código Penal encaminada a fijar sanciones más severas contra los delitos cometidos en establecimientos agropecuarios, abarcando desde la rotura de silobolsas y daños a cultivos hasta el sabotaje de infraestructura productiva y el ingreso no autorizado a predios. La iniciativa, que contó con 162 votos afirmativos, 77 negativos y una abstención, pasa ahora al Senado para su eventual sanción definitiva.
El proyecto, impulsado por el diputado Martín Ardohain, introduce figuras penales específicas dirigidas a proteger la actividad productiva primaria, buscando adecuar la legislación a las tecnologías e instalaciones actuales del sector rural.
Ingreso no autorizado y escala de sanciones
Entre las modificaciones proyectadas se destaca la incorporación del artículo 150 bis, que sanciona la intrusión no autorizada a campos o fincas rurales con penas de un mes a un año de prisión.
El texto contempla un agravante de hasta dos años de cárcel cuando dicho ingreso derive en perjuicios significativos para la producción o genere situaciones de peligro para las personas, animales o cultivos. Asimismo, la norma prevé eximentes para casos debidamente justificados de emergencia, auxilio o falta de delimitación clara de los inmuebles.
Protección a silobolsas, rodeos e infraestructura
El pilar central del proyecto se concentra en la redacción del artículo 184 bis, que establece penas de dos a ocho años de prisión, acompañadas por multas económicas equivalentes a entre tres y doce veces la magnitud del daño causado. Esta protección cubre:
Granos almacenados y cosechas (incluidos silobolsas).
Ganado e insumos productivos.
Sistemas de riego, bombas de agua, paneles solares, cerramientos y alambrados.
La escala penal podrá alcanzar un techo de diez años de reclusión en circunstancias agravadas, como la participación coordinada de tres o más personas, el empleo de violencia o cuando el hecho provoque la pérdida total de una producción o la interrupción completa de su ciclo de trabajo.
Un debate clave para el sector agropecuario
Durante su discusión en el recinto, legisladores de la oposición plantearon reparos vinculados al alcance técnico y la tipificación de las conductas, en tanto que los sectores favorables destacaron el impacto que la inseguridad rural tiene sobre la rentabilidad y operatividad de los pequeños y medianos productores.
En las zonas agrícolas, hechos como la inutilización de bombas de agua o la rotura de acopios no solo representan una pérdida económica directa, sino que impactan en la cadena logística y el desarrollo de las campañas. De convertirse en ley en la Cámara Alta, el posterior desafío del sistema judicial y de seguridad residirá en articular mecanismos eficaces de prevención e investigación en el terreno.