En el marco de una investigación penal desarrollada por el Ministerio Público de la Acusación de la Tercera Circunscripción Judicial, un hombre fue condenado a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por el delito de amenazas coactivas agravadas, luego de haber intimidado al presidente comunal de Murphy con graves amenazas de violencia, incluso contra personal policial, con el objetivo de obtener una decisión favorable a sus intereses particulares.
La investigación se desarrolló bajo la coordinación del fiscal Dr. Iván Gastón Raposo, coordinador de la Unidad de Delitos contra la Propiedad y Conexos, y estuvo a cargo del fiscal Dr. Facundo Peña, responsable de la Unidad de Salidas Alternativas del MPA, en el marco de un trabajo articulado entre las distintas unidades fiscales de Venado Tuerto.
El hecho investigado ocurrió el 24 de julio de 2026, cuando el imputado remitió una serie de mensajes de audio mediante WhatsApp al presidente comunal de Murphy, Hugo Ezequiel Rodríguez, exigiendo una solución relacionada con la ubicación de su carro de venta de comidas.
Sin embargo, lo que inicialmente constituía un planteo de carácter comercial derivó en una serie de graves intimidaciones destinadas a condicionar el ejercicio de las funciones públicas del mandatario comunal.
Entre las expresiones investigadas, el acusado manifestó estar acostumbrado a elevados niveles de violencia, hizo referencia a personas presuntamente vinculadas con la organización conocida como Los Cantero y advirtió que, de no obtener una respuesta favorable, actuaría por fuera de la ley.
La gravedad de las amenazas alcanzó su punto máximo cuando aseguró que estaba dispuesto a enfrentarse a tiros con la Policía antes que regresar a prisión, generando temor en el funcionario comunal por su propia seguridad y la de su familia.
A partir de las tareas investigativas desarrolladas, se incorporaron declaraciones testimoniales, registros de conversaciones, archivos de audio y distintas actuaciones policiales que permitieron reconstruir lo sucedido y sustentar la responsabilidad penal atribuida al acusado.
En ese contexto, se realizaron allanamientos en la localidad de Murphy, que culminaron con el secuestro de elementos de interés para la investigación y la detención del involucrado.
La investigación permitió establecer que las intimidaciones no constituían una simple discusión o manifestación de disconformidad, sino que estaban dirigidas a obtener, mediante el anuncio de actos violentos, una medida concreta por parte de una autoridad pública.
Finalmente, este viernes 13 de noviembre, durante una audiencia celebrada en los tribunales de Venado Tuerto, la jueza penal Mariana Vidal homologó el acuerdo de procedimiento abreviado presentado por las partes y condenó al hombre a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo, declarándolo formalmente reincidente por tercera vez.
La sentencia quedó firme y consentida durante la misma audiencia.
Raposo: “La democracia se defiende también impidiendo que la violencia pretenda imponerse sobre las instituciones”
Al referirse al resultado de la investigación, el fiscal Iván Gastón Raposo destacó la importancia de preservar el normal funcionamiento de las instituciones democráticas y garantizar que quienes ejercen funciones públicas puedan adoptar sus decisiones sin estar sometidos a amenazas o intimidaciones.
“En una sociedad democrática, las diferencias, los reclamos y las pretensiones individuales deben canalizarse por las vías legales. No podemos permitir que la violencia, las amenazas o el miedo se conviertan en herramientas para condicionar las decisiones de quienes ejercen legítimamente una función pública. La democracia se defiende también impidiendo que la intimidación pretenda imponerse sobre las instituciones”, expresó Raposo.
Asimismo, el fiscal remarcó que “ningún reclamo, por legítimo que pudiera resultar, habilita a una persona a amenazar a un funcionario público, mucho menos a anunciar hechos de violencia contra las fuerzas de seguridad. El Estado de derecho exige que todos respetemos las reglas de convivencia, y cuando esas reglas son vulneradas mediante conductas delictivas, corresponde una respuesta firme de la Justicia”.
Raposo también destacó la labor desarrollada por el fiscal Facundo Peña, quien estuvo a cargo de la investigación, y subrayó la importancia del trabajo coordinado entre las distintas unidades del Ministerio Público de la Acusación para alcanzar resultados judiciales concretos.
“Esta condena constituye un mensaje claro: las instituciones democráticas no pueden quedar sometidas a la voluntad de quienes pretenden imponer sus intereses mediante el miedo. Nuestra responsabilidad como fiscales es investigar estos hechos, proteger a las víctimas y garantizar que ninguna amenaza quede por encima de la ley”, concluyó.
La resolución judicial representa el cierre de una investigación que puso de manifiesto la gravedad de utilizar amenazas de violencia para intentar condicionar las decisiones de una autoridad pública, reafirmando la importancia de la protección institucional y del respeto al Estado de derecho.