Después de una semana en la que el tema bullying fue noticia en Firmat por el maltrato verbal y físico que sufría un niño de 10 años que asistía a la Escuela Provincial Nº 6377 «Evita», y el periplo que tuvo que pasar su madre para que le den el pase a otro establecimiento, se conoció que un colegio de Mar del Plata tendrá que pagarle más de 6 millones de pesos a una exalumna que sufrió bullying.
La Justicia de Mar del Plata ordenó a un reconocido colegio privado de esa ciudad costera a indemnizar con más de seis millones de pesos a una exalumna que fue víctima de bullying durante su paso por el secundario en ese establecimiento y que, como consecuencia de los maltratos, empezó a sufrir epilepsia.
Según el fallo de los jueces, que también tuvo en cuenta su condición de género y el hecho de ser menor de edad, “no existían antecedentes clínicos previos que indicaran la presencia de epilepsia, la cual se volvió crónica e incurable como resultado del acoso escolar”.
La pesadilla de la chica comenzó mucho antes, pero el 30 de octubre de 2017, el padre de la joven les informó a las autoridades de la escuela que su hija había tenido que ser hospitalizada por un “pico de estrés”, producto de los constantes maltratos que recibía por parte de sus compañeros.
De acuerdo al portal marplatense 0223, se manifestó a través de “episodios de hostigamiento, abusos, abucheos, silbidos, gritos y críticas por parte de los compañeros” y también incluyeron “ultrajes físicos” contra la chica “como empujones y trabas para que se tropezara”. A la joven también le llegaron a escribir con “un marcador un sweater, le colocaron chicle en el pelo y le derramaron gaseosa en su cabeza”.
Ante la Justicia también prestó declaración un amigo de la víctima, quien detalló que le decían “tragalibros” o “la estudiosa” y dijo que los alumnos del curso “la miraban mal, le decían que sus ideas eran muy malas, la discriminaban, la dejaban afuera de los grupos WhatsApp, y que si iban a hablarle a algún directivo del colegio hacían ‘oídos sordos’”.
En medio de esta situación, que se extendió durante casi dos años, un día la estudiante empezó a convulsionar y sufrió un ataque de epilepsia. Los médicos vincularon estos episodios con el maltrato al que la sometían en la escuela.
Después, las pericias psicológicas respaldaron la opinión de los profesionales que tuvieron el primer contacto con la denunciante y concluyeron que los eventos vividos fueron tan “perturbadores” para ella que desembocaron en un “trastorno de conversión con convulsiones”.
Aunque desde la institución educativa negaron los hechos y sugirieron que las situaciones denunciadas por su alumna no fueron tan estresantes o, incluso, que nunca ocurrieron, los jueces cuestionaron la falta de contención y consideraron que “minimizaron la situación vivida” por la adolescente.
Una de las soluciones propuestas, según se citó textualmente en el fallo, fue “mandarla a hacer una terapia”. En ningún momento la escuela ofreció contención psicológica por parte de su gabinete, ni puso en práctica el Acuerdo de Convivencia tal como establece la normativa vigente, incluyendo la generación de espacios denominados “Asambleas de Aulas” o reflexiones intergrupales.
Los jueces resaltaron que la entidad educativa, en su calidad de responsable de la formación de los alumnos, debía tener conocimiento de las posibles consecuencias psicológicas y físicas que los estudiantes podrían sufrir a causa del acoso escolar.
Por otro lado, resaltaron que la epilepsia crónica se considera como una discapacidad del 15%. Aunque en primera instancia la jueza redujo este porcentaje a la mitad, el tribunal superior decidió mantenerlo intacto y estimar incrementos futuros basados en la “probabilidad de progreso laboral de la demandante”.
Así, basándose en el artículo 1767 del Código Civil y Comercial, la Justicia local entendió que el colegio debía responder por el daño sufrido y causado, ordenó al establecimiento pagar una cifra de $3.178.847,98 más los intereses que deben ser liquidados y también endurecieron “el resarcimiento por daño moral a la suma de $3.199.999″. En total, la suma que deberá afrontar la institución supera los $6.378.846.