A través de la Resolución 1350/2026 firmada por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Gobierno nacional puso en marcha la Licitación Pública Nacional e Internacional para privatizar por un período de 50 años los servicios e infraestructura de Trenes Argentinos Cargas. La medida comprende la concesión de un total de 7.594 kilómetros de vías distribuidos en 16 provincias, proyectando una inversión objetivo cercana a los 1.000 millones de dólares bajo el esquema del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) para quienes aporten al menos 200 millones de dólares en la renovación del tendido ferroviario.

El proceso licitatorio contempla la desintegración del sistema en unidades de negocios independientes para las tres líneas estatales: la línea Belgrano (trocha angosta), fundamental para el NOA y NEA con destino al complejo portuario santafesino; la línea Urquiza (trocha media), estratégica para el comercio con la Mesopotamia y el Mercosur; y la línea San Martín (trocha ancha), de vital relevancia para el sur-sur santafesino. Esta última atraviesa el sur del departamento General López -pasando por ejemplo por la ciudad de Rufino- garantizando la conexión directa de la producción de la región de Cuyo con los puertos del Gran Rosario y Buenos Aires.

El modelo propuesto establece un régimen de acceso abierto donde el concesionario privado administrará el mantenimiento de las vías y el cobro de peajes, abriendo el juego a operadores comerciales sin exclusividad. Para esta licitación, el Poder Ejecutivo nacional ya habría identificado el interés de dos grandes sectores: un consorcio internacional liderado por el Grupo México y una alianza conformada por las principales firmas exportadoras de granos que operan en el país, como AGD, ACA, Bunge, Viterra, Dreyfus y Cargill.

Al momento de justificar la decisión, desde el Gobierno encabezado por Javier Milei explicaron que, a pesar de que la producción agropecuaria multiplicó por seis su volumen desde la década de 1970, el volumen transportado por ferrocarril decreció sostenidamente. Bajo esta premisa, la norma fija además una cláusula de resguardo que excluye explícitamente de la compulsa a firmas controladas por Estados extranjeros.

Foto portada: En el Subte

Foto mapa: colaboración Wikipedia