La investigación dirigida por el fiscal permitió reunir testimonios, analizar cámaras de seguridad y formular las acusaciones contra M. y E. por robo calificado por el uso de arma blanca.
El fiscal Iván Gastón Raposo, del Ministerio Público de la Acusación de Venado Tuerto, solicitó siete años de prisión de cumplimiento efectivo para M. y siete años para E., acusados por un violento robo cometido contra un hombre de 75 años en su vivienda.
El hecho ocurrió durante la madrugada del 20 de abril de 2026, en un domicilio de calle Ayacucho al 1300. Según la hipótesis sostenida por la Fiscalía, los acusados actuaron junto con un tercer hombre cuya identidad aún no pudo ser determinada.
La acusación describe que una mujer llamó a la víctima por su nombre para conseguir que abriera la puerta. En ese momento, uno de los agresores le propinó un golpe de puño en el rostro y utilizó un cuchillo para provocarle cortes en el cuello y reducir su capacidad de resistencia. Durante el ataque, le sustrajeron aproximadamente 30.000 pesos, tras lo cual se retiraron del lugar.
Los pedidos de auxilio del hombre alertaron a una vecina, quien llamó a la policía. La víctima recibió asistencia de un servicio de emergencias y fue trasladada para su atención médica.
Raposo estuvo a cargo de la dirección de la investigación y de la formulación de las acusaciones. El trabajo incluyó declaraciones de la víctima y de testigos, diligencias de la Comisaría 12 y análisis de registros audiovisuales realizados por personal de la Policía de Investigaciones.
Las imágenes de cámaras particulares y del Centro de Monitoreo Municipal aportaron elementos para reconstruir los desplazamientos de un grupo de tres personas en las inmediaciones del domicilio. Los investigadores también efectuaron comparaciones de características físicas y vestimenta para sustentar la identificación de los acusados.
Con esos elementos, el fiscal promovió la apertura del juicio oral y público y requirió las penas de prisión efectiva por robo calificado por el uso de arma blanca.
Los siete años solicitados para cada acusado constituyen la pretensión de la Fiscalía, sobre la que deberá resolver el tribunal luego del juicio.
Foto: ilustrativa (Internet)