




El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dio detalles de las pretensiones que se tienen con la reforma laboral impulsada por el Gobierno, al confirmar que las modificaciones a la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) aplicarán tanto a los futuros acuerdos como a los vínculos laborales ya existentes.
«Es un cambio en la ley y aplica a cualquier relación laboral. Estamos clarificando la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), y la LCT aplica a todo el mundo», sostuvo el funcionario en una entrevista radial, en referencia al proyecto que busca modificar 57 artículos y eliminar otros nueve de la legislación vigente.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): El Estado asume el aporte
Uno de los ejes centrales de la reforma es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo de ahorro previo destinado a cubrir futuras indemnizaciones por despido sin causa.
Sturzenegger brindó una definición crucial sobre su financiamiento: el FAL se nutrirá de una reducción impositiva aplicada por el Estado, derivada de un recorte del gasto público.
«En el contexto de este proyecto de modernización laboral, el ministro de Economía [Luis Caputo] dijo ‘voy a poner parte de esta baja de impuestos al mercado laboral’. Eso va a implicar una baja de los impuestos al trabajo de 3%. El empleador los tiene que poner en un Fondo de Asistencia Laboral», explicó el ministro.
Enfatizó que el aporte es, en esencia, un recurso estatal reasignado: «Es plata que está poniendo el Estado, le está bajando lo que pagaba el empleador. Hay una parte que el Estado no se lleva, y lo que no se lleva queda del empleador para hacer frente a esas contingencias». La cuestión que genera dudad en muchos es si el empleador será lo suficientemente responsable de preservar ese fondo.
El FAL deberá ser administrado por cada empleador e invertido en instrumentos que aseguren la preservación de su valor, tomando como antecedente el esquema vigente en el sector de la construcción (Fondo de Cese Laboral de la UOCRA).
Lucha contra la Litigiosidad y Nuevo Cálculo Indemnizatorio
El Gobierno dice que apunta a reducir la alta litigiosidad en el ámbito laboral mediante una mayor claridad en la normativa. Sturzenegger insistió en que la fórmula central de la indemnización (un mes de sueldo por año trabajado) se mantiene, pero se busca ordenar los criterios de actualización y eliminar las interpretaciones divergentes en los tribunales.
Para lograrlo, el proyecto introduce cambios en la base de cálculo de la indemnización:
Exclusión de componentes no mensuales: Quedarán fuera del cálculo conceptos como aguinaldo, vacaciones no gozadas o premios esporádicos. Es decir que para el empleado se achica el monto sobre el que se calcula una indemnización, ya que esos componentes quedan fuera del computo.
Fijación de un tope salarial: Se establece un límite equivalente al triple del promedio salarial del convenio aplicable. No obstante, este tope no podrá ser inferior al 67% del salario habitual del trabajador.
Flexibilidad y Visión Federal
El proyecto también incluye la creación del Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL) para los nuevos contratos, destinado a reducir las cargas laborales de las empresas que amplíen su nómina.
Además, incorpora modalidades laborales más flexibles sujetas a acuerdo mutuo entre empleador y trabajador. Entre ellas, el ministro destacó el banco de horas, que permite la redistribución de la jornada laboral: «Nos tenemos que quedar dos horas más, vamos a hacer dos horas más y no vengas el viernes a la mañana», ejemplificó. Lo que podría interferir en otras labores o en la vida privada del trabajador, que estaría a merced de todos los cambios que proponga el empleador.
En cuanto al retorno de empleados tras una licencia por enfermedad prolongada, la empresa deberá ofrecer un puesto disponible, no necesariamente el que ocupaban con anterioridad. Finalmente, Sturzenegger resaltó que la reforma incorpora una «visión federal» para adecuar convenios y condiciones laborales a las realidades regionales, una orientación que —según su relato— fue respaldada por los gobernadores provinciales.
Respecto de los empleados que regresen luego de una licencia extendida por motivos de salud, el ministro explicó que la empresa deberá ofrecer un puesto disponible, aunque no necesariamente el que ocupaban previamente.

